LOS GASTOS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL Y LA RESIGNACIÓN IDEOLÓGICA DEL PJ

Por Virginia Linares, Diputada de la Nación.

La ausencia de un marco normativo que otorgue transparencia y claridad a los fondos públicos destinados a publicidad promueve decisiones arbitrarias y facilita el uso de la pauta oficial como instrumento de presión o promoción política. Esta insuficiencia legal promueve la discrecionalidad, atenta contra la transparencia y facilita posibles actos de corrupción, circunstancias que se ven intensificadas durante las campañas electorales.

Para graficar esta situación, basta con ver el incremento en el gasto en publicidad oficial por parte del Gobierno, el cual comenzó siendo de 46 millones de pesos en 2003 y terminó con más de 270 millones en 2007. Ese monto creció progresivamente hasta llegar a $395,3 millones en 2008, lo que representa un gasto de algo más de un millón de pesos diarios y una suba del 754% respecto de 2003.

La pauta oficial debería responder al principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, pero resulta evidente que el gobierno nacional la maneja con un criterio absolutamente arbitrario y discrecional.

El año pasado presentamos en la Cámara de Diputados de la Nación un Proyecto de Ley regulando la Publicidad Oficial originada, promovida y/o contratada por el Gobierno Nacional, proyecto que jamás fue tratado en Comisión. En lo que respecta a la publicidad oficial durante procesos eleccionarios, el proyecto busca impedir que el sector público aumente desmesuradamente los niveles de ejecución presupuestaria, a los fines de congraciarse con los medios de comunicación y lograr su apoyo. Previniendo esta situación, el proyecto establece que no se podrá contratar pautas o espacios en los medios de comunicación en periodos electorales nacionales, es decir, los treinta y dos (32) días previos a la fecha fijada para el comicio y el día mismo de la votación.

Asimismo, el proyecto prohíbe toda publicidad oficial que se identifique con partidos políticos, candidatos y/o funcionarios. De esta manera pretendemos garantizar que la Publicidad Oficial no sea un instrumento de propaganda proselitista en manos de un gobierno inescrupuloso, que se escuda en la “discrecionalidad”. La publicidad oficial no debe promover los intereses de ningún partido político ni del gobierno, ni estar al servicio de destacar sus logros de gestión, ni mucho menos “premiar” o “castigar” a los medios de comunicación según sean más o menos “oficialistas”.

El gasto en campaña del empresario De Narváez, que cuenta con una fortuna estimada en US$ 200 millones, resulta equiparable al uso que hace el gobierno nacional de fondos públicos con un fin electoral, en tanto torna la campaña en una competencia desigual. El dueño del Canal América ya ha superado la obscena cifra de 44 millones de pesos en posicionar su figura, incumpliendo la ley de financiamiento de partidos, que fija un tope de 1,5 pesos por elector, lo que serían unos 15 millones en la provincia de Buenos Aires.

Las millonarias apuestas por posicionar sólo imágenes y consignas vacías demuestran la incapacidad del Partido Justicialista, en cualquiera de sus variantes, de darle contenido político a la pugna electoral. Esto queda evidenciado en la cómoda y lamentable resignación ideológica en que se encuentra instalado desde hace muchísimos años el PJ y que se expresa en el sucesivo encolumnamiento detrás de metas individuales (llámese kirchnerismo, duhaldismo, menemismo, o cualquiera de sus futuras variantes) que nunca tuvieron la voluntad -ni la van a tener- de articular un proyecto colectivo, popular y nacional capaz de motorizar políticas estructurales de desarrollo en pos de un modelo de país integrador y socialmente justo.

SITUACIÓN LÍMITE Y GOLPE DE EFECTO

El problema del agua y las urgentes soluciones.

Toda circunstancia ayuda, en vísperas electorales. Hasta el agravado problema del agua, entonces, puede ser utilizado para generar un golpe de efecto, de esos que la ciudadanía debería “tomar con pinzas” primero; y con firmeza después, para exigir el cumplimiento de las promesas precomiciales.

A tanto llegó la cosa que, desde el marco de las calles de Buenos Aires, micrófono en mano, el intendente Cristian Breitenstein salió en directo (frente a las cámaras del Telef. Capitalino) por Canal 9 de la ciudad, explicando todo lo que se va a hacer para resolver, a corto, mediano y largo plazo, la crisis de provisión de agua a Bahía Blanca y, por añadidura, a algunas localidades de la región, esencialmente del partido de Villarino, aunque “de rebote” también alcanzaría a beneficiar a Punta Alta.

Que ligeramente se haya resuelto otorgar 40 millones de pesos para trabajos inmediatos (¿algunos ya en ejecución?) y dar financiamiento por 150 millones de dólares para llevar a la práctica el postergado, por años, abastecimiento a través del río Colorado, parece cosa de otro planeta. ¡No!. Las vísperas electorales permiten eso y mucho más, aunque se diga que es respuesta, casi instantánea, a la demanda surgida de la Mesa del Agua reunida apenas 24 horas antes.

Si algo de todo lo anunciado, con bombos y platillos, se hace realidad, ¡bienvenido sea!. Si por el contrario es una urgencia frente a la inminencia de las legislativas del domingo 28, que la población demande, como corresponde, a quienes sólo prometen para no cumplir.

LO QUE OCURRIÓ EN EL DEBATE DE CANAL 7

Editorial escrito por Sandra Crucianelli, el martes, 16 de junio de 2009, para el sitio: www.sololocal.info.

Este domingo, mientras los periodistas de Canal 7 ultimábamos los detalles del primer debate de candidatos, varias bombas de estruendo se hicieron sentir frente al edificio de calle Blandengues. Más tarde, los techos traseros retumbaron y ocurrió lo mismo sobre el acceso de calle Güemes. Para ese momento, se podía ver desde las ventanas que dan a la arteria del ingreso principal, cómo se disparaban estos elementos a pocos metros de las instalaciones en las que nos encontrábamos trabajando.

La protesta tuvo como protagonista a un grupo de trabajadores afiliados al SAT, el Sindicato Argentino de Televisión, básicamente personal técnico y operativo, quienes mantienen un conflicto con la gerencia del Canal, instancia que debería resolverse en el ámbito de la autoridad de aplicación. El grupo, de unas 25 personas, eligió la noche del debate de candidatos a concejal, para apostarse en el acceso al canal.

Pero la batucada, las pintadas y el reparto de panfletos no les resultó suficiente. Iniciada la transmisión, bengalas y pirotecnia de grueso calibre, impactaron esta vez sobre el techo del estudio, donde candidatos, periodistas invitados y conductores nos encontrábamos transmitiendo en vivo. Todos pudimos percibir los estruendos y las vibraciones que se generaron como consecuencia de los impactos. De repente, la transmisión se cortó, y a los pocos minutos se nos informó que el enlace entre la planta transmisora y el estudio se dañó a punto tal de dejar al debate fuera del aire.

Mientras la empresa no descartó que la interrupción se debiera al uso de la pirotecnia, el Sindicato desmintió que esa haya sido la causa del daño. Los peritajes técnicos echarán luz sobre esta cuestión.

Fue un milagro u obra de la suerte que no ocurriera una desgracia. Pero la vida de todos quienes estábamos allí fue puesta en peligro. Olvidándose de Cromagnon, de sus propios compañeros que cumplían turno ese día, olvidándose de los invitados, olvidándose de nuestros televidentes, olvidándose de todo, los manifestantes sólo pensaron en hacer daño. Ensuciaron el frente del canal, tiñiéndolo de agravios y apelaron a elementos pirotécnicos cuyo uso está vedado por el peligro que representan, manchando así su reputación al convertirse en infractores evidentes de una norma municipal, tantas veces denunciada.

La protesta o el reclamo sindical no tienen nada que ver con el daño. Éste, lejos de enaltecerla, la condena a una deplorable condición: al de la intolerancia y la violación de las normas que tantas veces cuestionamos, que tanto mal le han hecho a nuestro país y por la que se perdieron muchas vidas. Si querían exponer su caso, bien pudieron recurrir a otras instancias institucionales. Y si querían que los concejales presentes en el debate tomaran cuenta de sus peticiones, bien pudieron haber ido al Concejo Deliberante y pedir una audiencia, como han hecho otros, siempre que han tenido argumentos válidos que exponer. Pero de ningún modo hacer lo que hicieron.

En Bahía Blanca la pirotecnia está prohibida desde hace varios años. La utilización de bengalas y bombas de estruendo a pocos metros de un estudio de televisión, ocasionando que varias de ellas impactaran en los techos del estudio, no fue sino un ataque directo al espacio en el que nos encontrábamos tratando de ofrecer un plural debate de ideas con miras a las próximas elecciones legislativas.

Como periodista, sentí que mis derechos de transmitir en un marco de normalidad, fueron vulnerados, así como la seguridad de nuestros invitados, la de mis compañeros y la propia. Pero eso no fue todo. Ocurrió un hecho gravísimo: se privó a nuestra audiencia del legítimo derecho de recibir la transmisión en vivo que le habíamos prometido

Dañado en forma irreversible el enlace que permitía la transmisión en vivo, decidimos continuar con el debate, grabándolo y emitiéndolo en diferido con la menor diferencia horaria que fue humanamente posible.

A los afiliados al SAT les asiste el derecho de reclamar, pero no para manipular elementos peligrosos y expresamente prohibidos por la norma, que al menos si no dañaron el enlace –como sostiene el gremio- interfirieron claramente con el sonido de la transmisión. El uso de pirotecnia, plenamente comprobado esa noche, debería ameritar al menos, una actuación de oficio del Tribunal de Faltas. El intendente municipal debería estar impartiendo esta instrucción, y no se explica por qué aún no lo hizo, ya que su candidato fue testigo de los hechos.

El SAT no ganó nada con esta agresiva protesta. Muy por el contrario, perdió algo que, creo, le costará mucho recuperar: la capacidad de luchar con dignidad y respeto. Lo hizo el domingo a la noche, cuando atacó uno de los valores más preciados de la vida democrática: la libertad de expresión, la misma que sus integrantes, sólo cuando les conviene, dicen defender.

Nota del editor

El editorial firmado por Sandra en el sitio de Internet exime de mayores comentarios. Aún así, es realmente lamentable que haya ocurrido lo que tan claramente describe. ¡Y pensar que hemos visto, no hace mucho, alguna pancarta reclamando por derechos!. Los del prójimo también existen. ¿O no?.