“Integración Ciudadana había alentado durante la campaña electoral del año 2007, la incorporación de un instrumento similar al propuesto, incluso presentado al intendente Cristian Breinsteinten, circunstancia que nos habilita a opinar sobre el mismo proponiendo correcciones al proyecto”, dice una comunicación institucional emitida por el frente Integración Ciudadana de nuestra ciudad.
Consigna el informe que “la principal cuestión a observar deriva de la generalidad del objeto asignado a la sociedad, cuando en rigor solo en la invitación a Tarjebus SA a incorporarse, indicaría que aquel se orienta a la implementación de la tarjeta magnética”.
El comunicado, que firman Raúl Woscoff y Norberto Martínez, por Integración Ciudadana; Raúl Ayude y Roberto Jarque, por el Encuentro Amplio; y Roberto Cimatti, por el Partido Socialista, cita que “al referirse a obras de infraestructura, el objeto social es tan amplio que, por ejemplo, el mecanismo del fideicomiso, rechazado por el Concejo Deliberante, podría ser implementando por esta sociedad sin control y contrariando esa decisión política colectiva”.
Añade que la reducción de funciones de la comisión del CD, a la que se le asigna solo la "de atención de asuntos" relacionados con la "puesta en marcha del funcionamiento" de la sociedad, debería reemplazarse con facultades de auditoría y control vinculados, sus informes, a la sindicatura plural.
En los fundamentos del proyecto se cita, como antecedente el de "Gas Junín Sociedad Anónima", pero se propone un camino contrario al de esta sociedad. Ésta se implementó para el servicio de gas y luego se amplió, modificando el estatuto social a la prestación de software. Es aconsejable hacer lo mismo, comenzando con la tarjeta y luego ampliando su objeto, expresa IC.
Es necesario el informe del Tribunal de Cuentas como paso previo a su aprobación, ya que el órgano constitucional de control auditará el aporte municipal, agrega el comunicado.
Puntualiza luego que “el proyecto introduce a la sociedad en la actividad financiera no controlada por el Banco Central de la República Argentina, es decir la que no capta recursos del crédito público, pero le autoriza a otorgar préstamos. Ello requiere un debate más amplio y concreto”.
¿Los derechos derivados de la titularidad de las acciones municipales, serán ejercidos por un funcionario que designará el Departamento Ejecutivo o el Concejo Deliberante?, consigna, añadiendo que “nos preguntamos sino correspondería analizar si lo puede hacer el contador general de la comuna, dada su responsabilidad”.
Se debería limitar la reelección de los directores, que en el proyecto es indefinida, señala; para resaltar luego que “la Sindicatura debería expedirse en forma obligatoria respecto de los informes y pedidos de la comisión del CD. Ello no está previsto en el estatuto”.
En otro párrafo indica que “se propone rechazar en materia de resolución de conflictos la intervención del Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, para desalentar incompatibilidades”.
Finalmente, apunta que “el porcentaje municipal debe superar desde el inicio el 51 por ciento y los trabajadores municipales, por medio de la figura que corresponda, deben encontrarse habilitados para suscribir acciones y formar parte de la nueva sociedad”.
Nota del editor
Una vez más, atinadas reflexiones de Integración Ciudadana, con la mesura que el caso requiere. Nos quedó una duda: ¿los trabajadores municipales participando de la nueva sociedad?.
Nos recuerda, aunque nada tenga que ver una cosa con la otra, aquellos tiempos en que trabajadores de DEBA recibieron algo cuando se privatizó el servicio de energía en la provincia. Esos agentes, ¿cobraron mientras eran empleados provinciales?, nos preguntábamos entonces. Ahora, nos queda flotando un interrogante similar. ¿Por qué los empleados comunales?.
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