COHERENCIA Y FIRME DETERMINACIÓN

Nota de opinión, por el diputado provincial Jorge Simoni.

Debemos pedir al gobierno provincial "coherencia, firmeza y determinación" para adoptar medidas enérgicas y concretas para combatir la inseguridad y que declare la emergencia en la materia.
Esta Legislatura ha aprobado todos los proyectos oficiales en materia de seguridad ciudadana, por lo que el gobernador Scioli cuenta con todas las herramientas que ha solicitado para llevar adelante su política de seguridad.
Pero a poco de andar, vemos que este gobierno, al igual que sus antecesores justicialistas, cae en peligrosas incoherencias que impiden satisfacer a la sociedad en su justo reclamo de seguridad y justicia.
Esta incoherencia es tan patente, que por un lado declaman los derechos humanos y la aplicación de pactos y normas internacionales para los detenidos e imputados de graves delitos, pero omiten desarrollar programas de seguridad y ayuda al honesto ciudadano común, tanto o más beneficiario de esos derechos humanos.
Debe quedar en claro que el hecho de que una persona imputada de delito no tenga todavía condena penal, no impide que se tomen medidas para evitar que vuelva a delinquir.
Con firme determinación política, ninguna muerte más deberemos llorar de manos de delincuentes que "gozan" de salidas transitorias o excarcelaciones de dudosa legalidad, frente a la pasividad del oficialismo gubernamental.
Existen en el mundo numerosas alternativas para involucrar a la ciudadanía en planes comunes para ayudar al Estado a combatir la inseguridad.
Los proyectos de voluntariado social, por ejemplo, permiten a los vecinos, taxistas, remisseros, etcétera, formar parte de un sistema de seguridad confiable, en el que los ciudadanos comunes tendremos plena legitimación para denunciar los hechos que conozcamos, con los correspondientes reaseguros.
Coherentemente con ello, debe readecuarse la política educativa para incluir en los sistemas formativos y productivos a la mayor cantidad de jóvenes, con la expectativa de formarlos en el respeto por la ley, la tolerancia y la no violencia, en un marco de pleno empleo y satisfacción de necesidades básicas.
Se encuentra vigente la ley de Foros, que el gobierno sistemáticamente "ningunea", siendo que son los ámbitos naturales de participación vecinal, donde pueden trazarse verdaderas estrategias en materia de seguridad ciudadana.
Agrego que a mi juicio, ha resultado exitosa la asignación a los Municipios de mayores competencias en materia de seguridad. Como intendente de Villarino, fui el primero en nuestra provincia en adherir al sistema de "policía comunal", y la posibilidad de articular políticas locales, es uno de los mayores logros para un intendente, en el marco de incentivación de la participación vecinal en la materia.
También debe existir una firme determinación política para dotar a la policía de medios idóneos para combatir una delincuencia que se muestra cada vez más organizada y profesionalizada.
Además de sustanciales mejoras salariales y escalafonarias, el policía debe recibir consignas claras de actuación, para evitar impunidades o excesos en su intervención, con capacitación permanente de todos sus cuadros.
Deben erradicarse los "servicios especiales" que hoy presta la policía con anuencia del gobierno, como ser el cuidado de los estadios de fútbol, recitales, locales bailables, etc.
La policía debe estar en las calles para cuidarnos a todos y no para preservar a algunos barrabravas inadaptados que debieran estar presos en lugar de disfrutar de un espectáculo deportivo.
La policía debe volver a ser confiable. Todo el personal debe saber que el policía que participa en delitos será severamente sancionado y penado, al igual que aquellos delincuentes que atentan contra los servidores públicos.
Es evidente que el sistema de minoridad enfrenta una grave crisis, cuya solución es compleja.
La existencia de normas internacionales no impide a nuestro país abordar aquellas que mejor se compatibilicen con nuestra idiosincrasia y necesidades.
Hoy vemos con asombro y estupor como jóvenes cuasi impúberes asesinan sin piedad a ancianos y personas indefensas, en un alarde de extrema violencia y desprecio por la vida y la salud ajena.
La posible baja de la edad de imputabilidad no debe verse como un ataque a la niñez desvalida, sino un reconocimiento a una situación existente, que padecemos dia a dia a riesgo de nuestras vidas y las de nuestras familias.
No debe negarse este debate y hay que darlo sin prejuicios. Nuestra Suprema Corte ha ratificado que debe existir un procedimiento para que los menores respondan por los delitos que cometen.
La baja de edad debe complementarse con mayores programas sociales y educativos, por lo que la mera reducción de la edad no asegura de por sí ningún resultado si no se acompaña con otras medidas de prevención y contención, en establecimientos y con personal especializado y con fuerte incidencia estatal en la formulación de políticas activas.
En este rubro, cualquier joven de 14 años comprende lo que es atentar contra la vida, la salud y la propiedad ajena. Si lo hace, debe ser inmediatamente puesto a disposición de organismos especializados para su contención y reeducación. Pero de manera alguna puede admitirse que hechos gravísimos puedan quedar impune por la sola mención de edades que hoy resultan francamente inadecuadas.
Por otra parte, la inseguridad que hoy aqueja a los abnegados choferes de transporte público, merece una inmediata solución. Es inadmisible que quienes atacan a estos trabajadores gocen de beneficios excarcelatorios.
El gobernador debe declarar el Estado de Emergencia Provincial en materia de seguridad, abordando inmediatamente y con las armas de la democracia, soluciones con la activa participación e intervención de los ciudadanos honestos, que no se rinden ni se conforman con no ser asesinados cuando son víctimas de un atraco.
Debe entenderse que de seguir en actual estado de cosas, el peligro es patente y generalizado, tanto para los delincuentes, sean jóvenes o mayores, como a los ciudadanos víctima de su ilícito accionar.
Es un pésimo remedio la actual pasividad gubernamental, pero peor es la incoherencia y la falta de determinación del gobierno de Scioli en afronta el problema con el concurso de quienes queremos aportar soluciones lógicas y concretas.

Nota del editor

Simplemente, porque conocemos las normas que rigen nuestra actividad, que ejercemos desde hace más de 50 años, hemos trascripto el comentario que nos ha llegado por vía del correo electrónico. Quienes nos conocen, desde hace largo tiempo, saben que una seriedad absoluta ha prevalecido siempre en nuestro trabajo. Dejamos, como corresponde, que los lectores saquen sus conclusiones. Nos reservamos (tenemos derecho), la nuestra.